El 16 de septiembre de 2015, el gobierno anunció el nuevo Plan Integral de Sustitución de Cultivos que desarrollará una estrategia contra las drogas ilícitas basada en la transformación de los territorios afectados por los cultivos, la interdicción del narcotráfico y la salud pública. La problemática de los cultivos ilícitos se abordará en seis frentes: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, prevención del consumo y reforma institucional.
La inversión social se convierte en un elemento central porque existe una relación entre cultivos ilícitos y baja presencia del Estado. Por eso, la transformación de los territorios se hará a través de la provisión de bienes públicos tales como la construcción de vías, la dotación de energía y acueductos, la garantía de acceso a la salud y a la educación. Estas acciones estarán focalizadas en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Caquetá, Cauca y Guaviare, pues es allí donde se concentran el 81% de los cultivos ilícitos.
Se busca que los campesinos remplacen la coca por cultivos legales. Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la sustitución, el Estado ofrecerá asistencia técnica para que las decisiones de cultivo correspondan a la vocación productiva del territorio. También se crearan comercializadoras sociales para abrirle mercado a los productos y se ofrecerán incentivos a quienes permanezcan en la economía de la legalidad, como lo es la titulación de predios
En la nueva estrategia, los acuerdos de sustitución serán con toda la comunidad y no con familias individuales. La erradicación de los cultivos, además, no será gradual. Las familias que se acojan al programa no podrán seguir cultivando ni cosechando coca. El Gobierno brindará el acompañamiento para que las familias tengan una vida digna en este proceso de transición.
El cambio de enfoque no implica que bajemos la guardia contra el narcotráfico. Se continuará con la destrucción de laboratorios, la incautación de cargamentos, de insumos, y, por supuesto, la captura y judicialización de los mafiosos. Además, en los territorios donde no se logre construir con las comunidades acuerdos de sustitución, se recurrirá a la erradicación forzada.
Con este programa se espera tener un doble resultado: reducir los cultivos ilícitos y mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de campesinos. Su éxito permitirá que Colombia deje atrás el récord de ser el mayor productor de coca del mundo para ser un país que cuida el ambiente, que aporta a la seguridad alimentaria del mundo y que da oportunidades a sus campesinos