El Gobierno a través de la Secretaría de Transparencia continúa en la construcción de la Política Anticorrupción para el país, que involucre al ciudadano y con la cual haya más herramientas legales para combatir este mal. Queremos conocer tus propuestas y preguntas frente a los planes para luchar en contra de la corrupción. Déjanos tu aporte en este enlace.
El Estatuto Anticorrupción, que contiene más de 130 herramientas legales para prevenir y castigar los actos de corrupción, le entrega responsabilidad a las entidades para formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Es así como todas las entidades deben proponer iniciativas dirigidas a combatir este flagelo por medio de herramientas que faciliten su prevención, control y seguimiento.
Los ejes del plan anticorrupción
Uno de los componentes es el mapa de riesgos de corrupción, donde el objetivo es anticiparse a este mal con medidas preventivas que protejan los recursos de la nación y generen confianza entre la ciudadanía.
Lo principal es identificar cuáles son los focos de corrupción para desarrollar un plan preventivo con medidas, que eviten cualquier acto. Estos riesgos varían de acuerdo al objeto y la ejecución de los contratos del Estado. Por ejemplo, en una entidad con una alta ejecución contractual como el INVIAS, el énfasis en sus riesgos debe estar en la contratación de obras públicas, caso distinto ocurre con el Consejo Superior de la Judicatura, donde los riesgos de corrupción deben enfocarse en la administración de justicia.
Otro eje anticorrupción es una política antitrámites eficiente en las entidades del Estado, ya que entre menos procesos haya, menor es el campo de acción de los corruptos. Cuando hay muchos trámites, aumenta la probabilidad de generar actos de corrupción. Este plan inició con la expedición del decreto-ley Anti-trámites, y la eliminación de más de 600 trámites, con el compromiso de eliminar muchos más
La rendición de cuentas es otro de los componentes esenciales de la política anticorrupción, porque permite visibilizar avances, fallas, gestión y logros de cualquier entidad. Esta debe ser permanente, reglamentada y no ocasional.
El último eje de la construcción de la política anticorrupción es el paquete de mecanismos de atención al ciudadano, como las oficinas de peticiones, quejas y reclamos de cada entidad. Esto garantiza la atención oportuna y óptima de las necesidades ciudadanas, además de abrir la puerta para una futura denuncia y mejorar la gestión de cada servidor público.
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