Durante la instalación de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente Juan Manuel Santos resaltó los logros que ha obtenido Colombia en este aspecto. La protección y respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario se han materializado en varias iniciativas gubernamentales que se adelantan, con la finalidad de construir un país justo, humano, con igualdad de condiciones para sus habitantes, respetuoso con los derechos inherentes al ser humano y comprometido con la defensa de las garantías fundamentales.
Uno de los principales instrumentos que posee el Gobierno Nacional para cumplir este objetivo es el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que busca ser la hoja de ruta de las acciones gubernamentales, en el camino hacia la prosperidad. El objetivo es ratificar los esfuerzos institucionales en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de respeto y protección de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, máxime cuando es la primera vez que se incluye en un documento de este tipo, un capítulo dedicado a la protección y garantía de los derechos humanos.
Algunas de las acciones que representan avances significativos en materia de DDHH y DIH se pueden enmarcan dentro de los siguientes objetivos:
Seguridad
Las FFMM, en cumplimiento de su función constitucional, han incrementado sus operaciones contra los grupos armados ilegales al margen de la ley para ejercer el control territorial, brindar seguridad, neutralizar las capacidades de estos grupos y desarticular sus centros de gravedad, en aras de proteger y garantizar el goce efectivo de derechos de la población.
La Mesa Nacional de Garantías a Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, es un escenario de interlocución entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado colombiano al más alto nivel, que ha permitido entre otras cosas, concertar políticas públicas para prevenir violaciones de derechos humanos de los defensores y líderes sociales y trabajar en el impulso y esclarecimiento a investigaciones en donde los defensores de derechos humanos son víctimas o se encuentran judicializados.
La Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y los grupos delictivos fue modificada mediante el Decreto 0552 de 2012 con miras a fortalecer su composición, integrando a todas las autoridades del nivel nacional que tienen responsabilidades en la prevención de estas violaciones en contra de los niños y las niñas y ampliando su marco de competencia hacia la prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto.
Para facilitar la transición del conflicto armado hacia una paz estable, se aprobó en el Congreso el denominado “Marco Jurídico para la Paz,” que autoriza la creación de mecanismos extrajudiciales de justicia transicional, el establecimiento de criterios de priorización y selección de casos y la suspensión de la ejecución de la sanción. Adicionalmente, en septiembre de 2012, el Gobierno Nacional dio inicio a un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC para lo cual se adoptó una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a un acuerdo final que establezca la terminación del conflicto armado, lo cual constituye un enorme desafío para la Nación.
Durante el 2012 el Programa de Atención Integral Contra Minas Antipersona estableció un esquema de planeación municipal de acuerdo con las variables de contaminación y teniendo en cuenta las prioridades para la implementación de la Ley 1448 de 2011, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de vulneración a los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad personal de la población.
Prosperidad
Se creó el sector para la Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por el Departamento para la Prosperidad Social e integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Unidad de Consolidación Territorial y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, para formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención a grupos vulnerables, población con discapacidad y la reintegración social y económica, así como la atención y reparación a las víctimas del conflicto.
Colombia se comprometió voluntariamente a reducir el porcentaje de personas en pobreza al 28.5% y el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema al 8,8 % para el 2015. Así, entre 2010 y 2011, la pobreza nacional se redujo del 37,2% al 34,1% y entre 2010 y 2011, la pobreza extrema nacional pasó de 12,3% a 10,6%. Los factores que explican la reducción son las políticas focalizadas y las estrategias integrales con un enfoque diferencial, el crecimiento económico, y la redistribución del ingreso favoreciendo a los más pobres y las políticas focalizadas.
El DPS cuenta con una serie de componentes que pretenden garantizar el goce efectivo de derechos, dentro de los que se destacan los programas de Más Familias en Acción, la Red de Seguridad Alimentaria y los de Generación de Ingresos y Empleabilidad.
Más Familias en Acción, es una estrategia de intervención basada en transferencias monetarias condicionadas. El objetivo, es contribuir de forma directa a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables mediante un complemento al ingreso. Mediante la Ley 1532 de 2012 este Programa fue insertado como política del Estado Colombiano. En ella se establece como beneficiarios las familias en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ii) Las familias en situación de desplazamiento; iii) Las familias indígenas en situación de pobreza de acuerdo con los procedimientos de consulta previa y focalización establecidos por el programa y además las familias afrodescendientes en pobreza extrema.
La Estrategia Red de Seguridad Alimentaria, es una Política dirigida a toda la población colombiana, y requiere de la realización de acciones que permitan contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional, en los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. Además se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los compromisos adquiridos en la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (Junio de 2002)”, la cual ratifica los compromisos de la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Por este motivo, se han priorizado acciones hacia los grupos de población más vulnerables, como son los desplazados por la violencia, los afectados por los desastres naturales, los grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos); los niños, las mujeres gestantes y las madres en lactancia, y los grupos de personas y campesino de más bajos recursos.
Generación de Ingresos y Empleabilidad. Este programa complementa los esfuerzos del Estado, de las organizaciones privadas y de la cooperación internacional para contribuir a la superación de la pobreza de las familias vulnerables y desplazadas, a través de actividades sociales, económicas y ambientales viables y sostenibles, que reconozcan el territorio y que promuevan el empleo, mejoramiento de los ingresos lícitos, la conformación progresiva de redes productivas, el autoconsumo, el fortalecimiento de las capacidades de las personas y el aseguramiento de su vida y patrimonio.
El Departamento Nacional de Planeación lidera el proceso de diseño y medición de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos para la población víctima de desplazamiento forzado que fueron avalados por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004.
Programa de 100 mil viviendas gratis que desarrolla en todas las regiones del país el gobierno nacional, con la finalidad de garantizar el derecho a la vivienda digna y a generar sostenibilidad económica laboral.
Adicionalmente el estado viene demostrando importantes avances en la reivindicación de derechos de las poblaciones vulnerables como Indígenas: Afrocolombianos, Negros y Raizales, Mujeres, Personas en situación de discapacidad, Adulto Mayor: Niñas, Niños y Adolescentes, justicia y Población LGBTI.