La aprobación de la Reforma Pensional en Colombia no es solo un ajuste legal. Es una declaración política y ética sobre el tipo de sociedad que queremos construir: una donde la vejez no sea sinónimo de abandono y donde las historias laborales fragmentadas, invisibilizadas o precarizadas encuentren por fin un lugar legítimo dentro del sistema de protección social.
En Colombia, durante décadas, pensionarse ha sido un privilegio reservado para una minoría. La rigidez de los requisitos, la informalidad laboral y la falta de reconocimiento a las trayectorias de vida de millones de personas impidieron que trabajadores rurales, mujeres cuidadoras, jóvenes independientes y comunidades históricamente excluidas accedieran a una pensión. Frente a este panorama, la Ley 2381 de 2024 conocida como la Reforma Pensional propone un giro profundo hacia un modelo más justo, solidario e incluyente.
La Reforma Pensional materializada en la Ley 2381 de 2024 plantea una transformación estructural basada en un modelo multipilar más justo y plural, que se ajusta a las diferentes formas de habitar el trabajo y la economía. Este enfoque no parte de la idea de “premiar” a quien logró acumular semanas, sino de reconocer que las desigualdades históricas impiden a muchas personas hacerlo en igualdad de condiciones, reconociendo que no todas las trayectorias laborales son lineales y que -muchas veces- quienes más han trabajado son precisamente quienes han estado más lejos del sistema pensional.
Uno de los pilares más transformadores de esta reforma es el Pilar Solidario, destinado a hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 que viven en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad y que no han logrado acceder a una pensión. A través de este pilar, estas personas recibirán una renta básica mensual, financiada con recursos públicos y administrada por el Departamento de Prosperidad Social. Se trata de un acto de justicia social que reconoce el derecho a una vejez digna, incluso para quienes no pudieron cotizar.
Otro componente esencial es el Pilar Semi contributivo, pensado para quienes cotizaron entre 300 y 1.000 semanas o realizaron aportes al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Bajo este esquema, las personas recibirán una pensión proporcional, que combina sus aportes con subsidios del Estado, asegurando una cobertura más amplia para quienes, aun habiendo trabajado, no alcanzaron los requisitos tradicionales.
Por otro lado, para los trabajadores con capacidad de aporte, se mantiene y fortalece el Pilar Contributivo, que ahora se divide en dos componentes: uno público, administrado por Colpensiones, y otro privado, gestionado por fondos de ahorro individual. Esta articulación permite que los aportes se sumen para generar una pensión integral, al tiempo que se reconoce la importancia del Estado como garante de derechos.
Adicionalmente, se crea el Pilar de Ahorro Voluntario, una opción flexible para quienes deseen complementar su pensión a través de aportes individuales en el sistema financiero. Esta posibilidad resulta especialmente atractiva para jóvenes, trabajadores digitales, freelancers y emprendedores que desean planificar su futuro pensional desde una lógica de autonomía.
Más allá de los pilares, la reforma introduce innovaciones clave que impactan positivamente en la vida de millones. Por ejemplo, permite cotizar por días o semanas trabajadas, una medida que beneficia especialmente a trabajadores del campo y a quienes tienen empleos inestables o informales. También reconoce el trabajo de cuidado no remunerado: las mujeres con hijos podrán descontar hasta 150 semanas del requisito de cotización, un avance significativo en materia de equidad de género.
Otra de las novedades más humanas y solidarias es la posibilidad de sumar semanas con la pareja para acceder a una pensión familiar. Esto representa una solución real para muchas familias que, pese a haber trabajado toda su vida, no lograban alcanzar las semanas mínimas de forma individual. Además, se contempla la prestación anticipada de vejez para quienes sí cumplan con la edad, pero no con el total de semanas exigidas.
Por último, la reforma incorpora un enfoque diferencial y territorial. Se reconocen las condiciones específicas de los pueblos indígenas, afrocolombianos, comunidades Rrom, campesinos, personas con discapacidad, artistas y trabajadores independientes. Menos semanas, menores edades de pensión y mayores apoyos para estas poblaciones reflejan un cambio de paradigma: la pensión deja de ser un privilegio y comienza a consolidarse como un derecho para todas y todos.